lunes, noviembre 05, 2001

LA SOCIEDAD CIVIL: UNA RELACIÓN ENTRE SECTORES

Luis Julián Salas Rodas
Sociólogo
Especialista y Magister en Ciencias Sociales
Magister en Ciencias de la Educación
Director Ejecutivo de la Fundación Bien Humano



“El elemento más fundamental de la Democracia es la Sociedad Civil, como gusta decir hoy. Pero no hay duda de que , sin Estado, la sociedad civil es inexistente. La sociedad civil supone al Estado. Pues si es cierto que en la sociedad civil cada individuo es un fin para sí mismo y los demás no son nada para él, también lo es que, sin la relación con los demás, ningún individuo puede alcanzar sus fines. Los otros son, en definitiva, medios para el fin de cada uno”.

“Debemos esta explicación nada menos que a Hegel a quien debemos, a su vez, la consolidación de la diferencia entre Estado y Sociedad Civil. Para dicho filósofo, el Estado es el ámbito de la coacción y la Sociedad civil el de las libertades. En el estado se da la universalidad mientras en la sociedad civil se manifiestan las particularidades. Pero no hay particular sin universal, diferencia sin unidad, no hay libertad sin coacción. En sí misma la particularidad es solo libertinaje y falta de medida, imperio de las necesidades, de los deseos o de las privaciones sin control ni límite alguno”.

Esta cita de la filósofa española Victoria Camps nos ubica lo esencial de la relación histórica entre el Estado y la Sociedad Civil el cual siempre ha considerado la existencia de ambas realidades por separado. El enfoque de los tres sectores, propuesto por Salamon Lester posibilita no solo una mejor comprensión del fenómeno sino que, además, permite acceder a referentes empíricos para su contrastación. Dice Salamón:

“En el presente se encuentra muy difundida la idea que identifica a la sociedad civil con el sector social. Esta idea es inadecuada, porque asimilar al sector solidario con un monopolio y definir a la sociedad civil por un sector es una contradicción. La nueva reconceptualización de la sociedad propone que ésta no debe ser concebida como un sector específico sino como una relación entre sectores, relación, relación en la cual dichos sectores se respetan entre sí, valoran su derecho de existencia y cooperan y asisten mutuamente. Según esta reconceptualización, en la sociedad civil puede verificarse la existencia de al menos tres sectores distintos: el gubernamental que promueve las leyes; el económico, que promueve la rentabilidad de los negocios; y el social, compuesto por las personas y organizaciones que persiguen objetivos comunes. La sociedad civil se encontraría determinada entonces por la existencia y la cooperación entre los sectores y por el trabajo en conjunto para promover sus capacidades de respeto mutuo y mejoramiento de la calidad de vida”
Acogiendo la propuesta de Salamon se desarrollará una descripción analítica de cada uno de los sectores y de como la interrelación entre ellos crea la Sociedad Civil.

Primer Sector: Lo Gubernamental

Hace mención al Estado como aquel sistema organizado de normas, leyes, instituciones y organizaciones que portan la representación legal y legitima de los intereses públicos de una sociedad particular asentada en un territorio específico. Además de ejercer el monopolio de las armas, administrar justicia y asegurar las condiciones necesarias para el funcionamiento de una economía de mercado, al Estado le compete la producción de los bienes públicos y de ciertos servicios sociales como la educación y la salud. Lo público es entendido como aquello que es de todos y al cual se puede acceder en forma libre y gratuita.

En las democracias liberales occidentales los partidos políticos son quienes regulan el ejercicio del poder estatal por la vía de la elección, nombramiento y ejercicio de los cargos públicos. El Sector Gubernamental tiene como función principal la administración de lo público estatal de acuerdo a lo previsto en la Constitución Política y en los programas y planes de desarrollo. En el ordenamiento jurídico del estado colombiano las Organizaciones Gubernamentales, OG, que producen bienes públicos y servicios sociales son: la Nación, los departamentos, los municipios, los institutos descentralizados y los establecimientos y empresas públicas. Las normas de descentralización y de competencias y recursos señalan las responsabilidades de cada OG en la producción de bienes y de servicios públicos. La fijación de prioridades y la inversión en ellos es determinada por los programas de gobierno y los planes de desarrollo de cada período administrativo. La Gerencia Social es el instrumento para llevar a cabo la política social. Entre los fines del Estado que aquí nos interesa resaltar están los de asegurar e incrementar el capital físico, el capital humano y el capital social; así como el de posibilitar el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades con el propósito de mejorar la calidad y el nivel de vida de la población de un país.
Una clave importante para comprenderla dinámica de relaciones entre los tres sectores la constituye el desplazamiento de la matriz estadocéntrica a la matriz sociocéntrica. En la primera el Estado regula la economía, sustituye parcialmente al sector privado en la producción de bienes y servicios e interviene en el mercado con la fijación de subsidios y precios. El Estado se erige en la doble condición de interventor y proteccionista del sector privado; en el único formulador y responsable de la política social y el bienestar de la población, entendida esta como la satisfacción de sus necesidades básicas. En America Latina la adopción de la matriz estadocéntrica aseguro las condiciones para el despliegue del modelo cepalino de sustitución de importaciones y creación de mercados internos en los países de la región.

El agotamiento de este modelo y la crisis de gobernabilidad de los Estados latinoamericanos, particularmente en la década de los años 80 del siglo XX con el problema de la deuda externa, hace emerger la matriz sociocéntrica y a dar un cambio en las relaciones de lo público y lo privado. En palabras de Maria Teresa Uribe:

“En el viejo modelo de la matriz estadocéntrica los ámbitos de lo político y lo público eran más visibles y reconocibles, no solo porque estaban delimitados jurídica e institucionalmente sino porque las identidades políticas se aglutinaban unívocamente en torno al sistema de partidos, con sus modelos de acción y representación de intereses colectivos. (...) Bajo este modelo, entonces, lo público y lo privado terminaron por coincidir.

La matriz sociocéntrica se caracteriza por la irrupción de los movimientos sociales y de la participación ciudadana en el escenario público, el cual deja de considerar lo público como una prerrogativa del Estado. La politización de la Sociedad Civil se manifiesta en la movilización de las organizaciones sociales en torno a nuevos espacios de participación diferentes a lo electoral o burocrático, y a la consideración de los ciudadanos como sujetos libres e iguales. El sociólogo Cándido Grzybowaski enuncia los campos de actuación y los mecanismos de acción política de los nuevos actores:

  • Las campañas cívicas
  • La construcción de redes, foros y plataformas
  • Los debates públicos
  • El lobbying (cabildeo)
  • Presión de despachos
  • Participación en comisiones y consejos paritarios
  • Monitoreo independiente de políticas públicas
  • Veedurías ciudadanas
  • La movilización social


El reconocimiento y empoderamiento de las organizaciones sociales tanto del Estado como de la sociedad escindió el concepto de lo público en dos áreas complementarias: Lo publico estatal y lo público no estatal. La primera como escenario del poder y de los intereses oficiales y partidistas en la conducción del Estado y la segunda como expresión de los ideales, utopías e intereses de la sociedad.

Concebir a la Sociedad Civil como una relación entre sectores exigue un cambio del Estado y de la forma de gobierno. El enfoque del Buen Gobierno postula que éste debe ser receptivo a las demandas de la comunidad, del Sector Empresarial y del Sector Social para que se de el bien común. En palabras de la socióloga Isabel Licha:

“Esto requiere dos transformaciones fundamentales: una en el Estado, para alcanzar la eficiencia, eficacia y equidad en sus acciones, lo cual significa modernización pero a su vez democratización. Por otra parte, se requiere fortalecer la Sociedad Civil, entendiéndose por esto la creación de condiciones para que la sociedad se organice en distintos grupos que representen sus intereses y a partir de los mismos se produzcan asociaciones, articulaciones, reclamos, afirmación y reafirmación de derechos. (...) La idea es pues que la política social no depende exclusivamente de las ideas que se formulen, sino que depende de la fuerza de la comunidad, del desarrollo de la Sociedad Civil, en sus relaciones con el Estado, ante la cual éste tiene que canalizar dichos intereses y darles respuesta. Mediante esas nuevas relaciones la sociedad crea y legitima al Estado y éste atiende, regula, protege y defiende los intereses dela comunidad”.

La apertura del Estado hacia el Buen Gobierno es prerrequisito para que pueda concretarse en la realidad la propuesta del profesor Salamon de una Sociedad Civil como una relación entre sectores. Es preciso, además, que el Estado deje de considerarse como el “actor principal y único representante de lo público”, rol desempeñado en la matriz estadocéntrica, y se equipare, en igualdad de condiciones, a los otros actores. Por su parte las organizaciones de la Sociedad Civil deben vincularse a la dimensión pública y a la gestión social orientada por definiciones públicas. Lo público, tanto el estatal como el no estatal, se convierte en un espacio común de mediación e interlocución de todos los actores. De esta forma la Sociedad Civil se convierte en sinónimo de lo público, de lo que pertenece a todos. Pero en los gobiernos no todos están de acuerdo con este tipo de propuestas; existen fuerzas políticas y tecnocráticas que se resisten al cambio y que ven la participación ciudadana y el fortalecimiento de la Sociedad Civil una amenaza a sus intereses y supervivencia. En consecuencia se oponen, soterradamente, a dejar de ser “el actor principal”.

En la medida en que la Sociedad Civil organizada tome conciencia de la influencia y el poder que proporciona el reconocimiento y la legitimidad de sus acciones públicas, será cada vez más difícil a estas fuerzas, políticas y tecnocráticas, gobernar bajo un estilo autoritario y excluyente.

Segundo Sector: Lo Empresarial

La democracia liberal es el régimen político vigente y legitimo del sistema de producción y acumulación capitalista, siendo el proceso de globalización (mercados, informática, comunicaciones, homogenización cultural) un resultado de su desarrollo histórico. La empresa es la expresión material y social de la relación entre el capital y el trabajo asalariado. La propiedad privada sobre los medios de producción es la norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura el acceso y disfrute particular de las ganancias. Estas se obtienen de la producción de bienes y servicios privados para su distribución, circulación y consumo mediante el mercado. El dinero es el medio legal por el cual los consumidores acceden a ellos. El fin que se persigue al producir una mercancía o servicio no es el de satisfacer una necesidad humana o material sino el de obtener un lucro personal, el cual es legal y legitimo en una democracia liberal. Otros resultados de la actividad productiva privada son los de incrementar el capital (financiero, comercial e industrial), y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la sociedad. El ambito natural de actuación del sector privado es el Mercado.

Las luchas sindicales y la presión de diversos movimientos sociales como el feminismo, las ligas de consumidores y los ambientalistas, por ejemplo, obligaron a los estados de las democracias liberales a expedir normas y a crear OG de control al sector privado con el fin de mitigar los efectos perversos del capitalismo salvaje. Lo anterior unido a una mayor información de los consumidores y de la opinión publica, mediante los medios de comunicación, ha obligado a las organizaciones empresariales,OE, ha realizar acciones de tipo social. Herramientas como el balance social y estrategias innovadoras como el mercadeo social dan cuenta del concepto de responsabilidad social empresarial. Dicho concepto implica no solo la generación de empleo, el cumplimiento de la legislación laboral o el pago de impuestos al Gobierno; implica tomar decisiones de inversión para el desarrollo social de comunidades marginadas, incrementar el capital social, establecer alianzas estratégicas con el sector gubernamental y el sector social para canalizar recursos y ampliar la producción de bienes públicos y de servicios sociales.

La trabajadora social Clara Inés Restrepo Vélez en su libro Compromiso Social y Liderazgo Empresarial reseña algunas definiciones acerca del concepto de responsabilidad social “La obligación moral que adquiere una organización de contribuir a la satisfacción de las expectativas creadas, a partir de su relación con otros sectores con los cuales debe interactuar para el cumplimiento de su razón social”

“La respuesta de la empresa a las expectativas y derechos, generados en los sectores con los que tiene relación en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse”

“La obligación que tiene toda organización en razón de su naturaleza social, de reconocer en forma sistemática todo aquello que el entorno requiere y de garantizar su satisfacción en forma prioritaria, la cual se debe reflejar a través de una política social definida, que incluya el nivel de competencia y el ámbito de aplicación que asume”

Los investigadores Constanza Jaramillo y Juan Alejandro Ángel en su trabajo: Responsabilidad social empresarial en Colombia concluyen:

“Responsabilidad social es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, sus familias y la comunidad en general.”

El auténtico concepto de la responsabilidad social empresarial supera las acciones puntuales de tipo moral, asistencial, paternalista o filantrópico, prácticas arraigadas de larga tradición de las élites empresariales, exige, además, la extensión de programas y proyectos sociales a personas y familias distintas a la de sus empleados e inclusive el abordar la dimensión de lo político, según Carlos Arturo Ángel, expresidente de la ANDI, “Pero de todas las novedosas responsabilidades que se han señalado, tal vez la más compleja y exigente es la que tiene que ver con la dimensión política, puesto que alude directamente a la capacidad de intervención de sus organizaciones en la definición de un proyecto de sociedad, ausencia significativa en nuestro medio. Esto no puede hacerse sólo sobre la base de redefinir las relaciones con el Estado, participando activamente en las decisiones públicas. Implica, igualmente, asumir una actitud frente al cambio y la solución de los problemas del país. Exige la redefinición del papel de los gremios, la reconstrucción de su representatividad y legitimidad, su democratización. En suma, exige realizar una labor más propositiva, más abierta a la participación y a la concertación.

Es ya un imperativo impostergable que todos los empresarios, sin excepción alguna, trabajen por crear una conciencia y unas prácticas de acción social y política responsables, y una cultura de las responsabilidades compartidas. De ello dependerá, en buena medida, el futuro de la Nación.

La creación de fundaciones empresariales

que aportan y apoyan procesos de autogestión comunitaria en poblaciones vulnerables son una respuesta concreta a la responsabilidad social de los empresarios y se enmarca en la esfera de “lo público no estatal”; ellas hacen parte del conjunto de organizaciones sociales privadas sin fines de lucro dedicadas a la producción de bienes y servicios públicos. Las fundaciones empresariales responden al reto de asumir una actitud frente al cambio y la solución de los problemas del país. No pueden concebirse como una acción dirigida a “privatizar lo público” tampoco presupone la desresponsabilización del Sector Gubernamental en los compromisos oficiales y constitucionales de hacer efectivos los derechos sociales de la población.
El Tercer Sector: Lo Social
Es el conjunto de organizaciones civiles sin ánimo de lucro, de iniciativa privada, que propende por el desarrollo humano y social de personas, grupos, familias y comunidades.
Las organizaciones que conforman el Tercer Sector son personas jurídicas como asociaciones, corporaciones, fundaciones, partidos políticos, entidades eclesiásticas, gremios, cooperativas, ONG, Cajas de Compensación Familiar, sindicatos y juntas de acción comunal entre otras.

Dice Adela Cortina:

“En principio, El Tercer Sector es aquel en el que se realizan actividades sin ánimo de lucro, es decir, actividades en las que ninguna parte de los beneficios netos va a parar a ningún accionista individual o persona particular o, dicho con una fórmula legal, las que no pagan impuesto, porque se entiende que tienen como meta acrecentar de forma desinteresada la calidad de vida de las personas. (...) En realidad este sector es el más antiguo en todas las sociedades y en todas ellas se ha mantenido como una constante a lo largo de la historia”.
Según Nuria Cunill Grau:

“El denominado Tercer Sector remite, de hecho, a todo aquel tejido asociacional cuyas prácticas sociales se fundan en la solidaridad y que se traducen en la constitución de ámbitos públicos voluntarios de interrelación social capaces de auto-organizarse para la satisfacción de necesidades colectivas, su germen es el asociasonismo voluntario -el voluntariado-, pero incluye además todo el conjunto de instituciones privadas de servicio público, así como las prácticas concretas de solidaridad desarrolladas a traves de instancias informales e instituciones tradicionales. El tercer sector así considerado y, en general, las prácticas sociales que involucran la producción de bienes públicos con base en la solidaridad, constituyen el cimiento social de la ampliacion de la institucionalidad pública que da cabida a una pluralidad de instituciones de participación”[3]

El objetivo del Tercer Sector es procurar la vigencia de la ciudadanía social promulgada por el Estado Social de Derecho, es decir que además de los derechos civiles y los derechos políticos, los ciudadanos puedan disfrutar de los derechos sociales como el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, y la recreación entre otros. El valor que moviliza las acciones del Sector Social es el de la solidaridad, entendido este como el interés real de un grupo de personas por alcanzar un objetivo común de beneficio colectivo, sin que medie imposición u obligación legal. La solidaridad nace del querer no del deber, es espontánea, no puede ser forzada.

Dos distinciones son fundamentales de tener en cuenta entre el Sector Social y los otros dos sectores: Con el Gobierno, el origen no oficial y con la empresa privada la no obtención de lucro y la práctica de la solidaridad en la producción de bienes y servicios. Del Estado, el Sector Social demanda s su reconocimiento legal y de la empresa privada recursos económicos. Como fortaleza del Tercer Sector, a nivel mundial, se reconoce su número creciente y magnitud; como debilidad su excesiva heterogeneidad, atomización y dispersión, lo que impide la construcción de consensos, la concertación y la unidad de enfoques, criterios y metodologías de intervención.

El fin de la guerra fría, la incapacidad de los Estados por cumplir las metas del desarrollo, la crítica al neoloberalismo, la resistencia a los fenómenos perversos de la globalización (exclusión social, integración perversa), la consolidación de regímenes democráticos en Occidente con énfasis en los procesos de participación ciudadana, han contribuido al empoderamiento y reconocimiento del Tercer Sector en los escenarios nacionales e internacionales. Al constituirse este en actor social y protagonista, redefinió sus fuerzas ante el Estado y fue adquiriendo conciencia de su poder en el desempeño de su rol y responsabilidades. Las organizaciones sociales del Tercer Sector mo solo han venido incrementando su número y presencia, además han conformado redes de comunicación e integración. Su fortalecimiento institucional tiene manifestaciones en diversos frentes: El gremial, en lo relativo a la representación y defensa de sus intereses sectoriales; el de la gestión social, por llevar a la práctica propuesta innovadoras de desarrollo social; y el político, en la medida que sus acciones gremiales y programáticas tienen efectos en el diseño, formulación y ejecución de los planes gubernamentales de desarrollo.

La democracia es el entorno más propicio para el la expansión y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de ahí que ellas estén alineadas en su defensa y garantía. Su acción política, en general, no esta enmarcada en competir o suplantar ni al Estado ni a las comunidades. La acción política del Sector Social no esta enmarcada en competir o suplantar la que ejercen los partidos políticos, tampoco en deslegitimar al Estado o abrogarse la representación de las comunidades ante éste. La acción política del Sector Social reside en la construcción y mantenimiento de espacios colectivos y democráticos para hacer posible la participación social en los debates y las políticas públicas acerca del desarrollo humano y social.

Dado que el Tercer Sector halla su razón de ser en el ejercicio pleno de sus relaciones con los otros sectores es necesario definir, con precisión, el alcance del concepto de participación.

¿Qué es la participación?

“Es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos”
Se señalan dos tipos de participación: las que operan desde la esfera privada y las que lo hacen desde la esfera de lo público. A la primera pertenecen la participación social y la comunitaria; a la segunda; la participación ciudadana y la política. Nuestro interés se centra en la participación social, la cual :

“Se refiere al proceso de agrupamiento de los individuos en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses”

El tamaño y heterogeneidad del Sector Social, no sólo en Colombia sino en el resto del mundo, inciden en forma negativa en el logro de unidad de criterios y de acción por la complejidad de intereses en conflicto. Cuando los intereses de las organizaciones del Tercer Sector no traspasan el ámbito de lo gremial y de lo sectorial y estos se limitan a defender o a imponer, a ultranza, prerrogativas y beneficios la acción de estas organizaciones se inscribe en la práctica nociva de “privatizar lo público”. En cambio cuando los intereses sectoriales se articulan en el plano de lo intersectorial e interinstitucional se ejercita una práctica benéfica de “construcción de lo público” desde lo no estatal. La participación es un instrumento clave para contribuir a crear capital social y ampliar los espacios democráticos de una sociedad. No puede entenderse como un medio para descargar al Estado de sus obligaciones y responsabilidades para que estas sean asumidas por el Sector Privado y el Sector Social. Mediante la participación estos sectores pueden y deben ampliar la capacidad de influencia sobre el proceso de toma de influencia de las decisiones públicas, las cuales se dan en la formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo social.

La constitución política de 1991 define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

La definición del país como un Estado social de derecho, abrió a las organizaciones del Sector Social un amplio espacio de participación democrática en las instancias de contratación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública. Los entes territoriales, como los municipios y los departamentos, quedaron facultados legalmente para fomentar la participación ciudadana y comunitaria de personas y organizaciones en los asuntos públicos. El artículo 103 de la Constitución es explícito al respecto:

“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.”
En cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos, la constitución los incluyó como servicios a cargo del Estado, en cuya prestación pueden participar las organizaciones sociales. La educación, la recreación, la cultura, la vivienda, la salud, el saneamiento ambiental y el bienestar social).

Para la filósofa Adela Cortina el Estado social de derecho es una exigencia ética:

“(...) El Estado social de derecho consiste en incluir en el sistema de derechos fundamentales, no sólo las libertades clásicas, sino también los derechos económicos, sociales y culturales: la satisfacción de ciertas necesidades básicas para todos los miembros de la comunidad se presentan como exigencias éticas a las que el Estado debe responder. Y es desde esta exigencia ética básica desde la que cobra su sentido que se difuminen los límites entre sociedad civil y Estado y que este último vea como forma legitimadora suya también la protección de los derechos de la segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales-, lo cual le obliga a convertirse en Estado interventor”.

Si el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizar los derechos y las libertades civiles en mas de 250 años de vida republicana, ¿ como puede extender los derechos de segunda generación a sus ciudadanos? Diez años después de la constitución de 1991, donde se consagro el Estado social de derecho en Colombia, los resultados en esta materia no son los mejores. La crisis fiscal, de gobernabilidad y de legitimidad de Estado colombiano ha impedido la concreción de esos derechos a la mayoría de la población, el recorte de las transferencias de los recursos de salud y educación a los municipios es una medida regresiva al mandato constitucional. En países como Colombia, no sólo debe intervenir el Estado sino la Sociedad Civil en su conjunto para avanzar en tal sentido. La exigencia ética es extensiva a todos.

Los escenarios de actuación más propicios para el fomento de la participación de la Sociedad Civil son lo local y lo regional. El capítulo 3 de la constitución política de Colombia trata del régimen municipal. El artículo 311 dice:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.”

El municipio ha sido el ente territorial privilegiado de la reforma institucional del Estado colombiano. La descentralización administrativa y política, el reordenamiento territorial, el régimen fiscal y la planeación han sido asuntos de numerosas Leyes, Decretos y Actos Legislativos desde los años 80 del pasado siglo. (Guzmán, Fernando, 1994). La intención, tanto del poder ejecutivo y legislativo, ha sido la de conceder mayor autonomía administrativa, recursos fiscales y capacidad de gestión a los municipios.

Por su tamaño, recursos y cobertura la mayoría de las organizaciones del Sector Social realizan proyectos y programas unicamente en el municipio donde tienen su domicilio. El operar, preferentemente, en un nivel local da a las organizaciones sociales un conocimiento de primera mano acerca de las necesidades y problemas de la comunidad. Lo anterior determina el interés de dichas organizaciones por participar, cada vez más, en la formulación de políticas públicas, en la contratación de servicios, en las veedurías ciudadanas y en movimientos cívicos que buscan acceder al poder político.

El municipio es, también, el escenario donde las empresas que ejercen la responsabilidad social realizan sus acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Las alianzas exitosas y con mayor sostenibilidad son aquellas que se constituyen y desarrollan en contextos municipales y regionales, por cuanto que es en esos ámbitos donde es mas fácil identificar un objetivo común, mantener relaciones y crear confianza.

El municipio es, en consecuencia, expresión del gobierno local donde se trazan las políticas, se planea el desarrollo y se realizan las inversiones para mejorar las condiciones de vida de la población.

EL SECTOR SOCIAL EN COLOMBIA

El profesor Salamon Lester y un grupo de colaboradores del Instituto de Estudios políticos y del Centro de Estudios sobre la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos realizó un estudio comparativo del Sector no Lucrativo en 22 países del mundo, entre ellos Colombia.

Entre sus objetivos estaban la descripción del sector, su tamaño, estructura e ingresos y la evaluación que el impacto de estas organizaciones tienen así como los aportes que realizan. Rodrigo Villar fue el investigador responsable por Colombia y publicó los resultados en el libro: El Tercer Sector en Colombia: Evolución, dimensión y tendencias, algunos de los cuales son:

En Colombia existen 135.599 entidades sin ánimo de lucro en las cuales trabajan 286.681 empleados de tiempo completo, los cuales representan el 2.38% del empleo total no agrícola; y 90.756 personas están como voluntarios de tiempo completo.

Los gastos operativos del Tercer Sector se aproximan a US 1.7 billones, equivalente a un 2.1 del PIB de 1995.

En cuanto a la composición del Sector, de los 12 grupos de la clasificación internacional para entidades sin ánimo de lucro, el primer lugar lo ocupa la educación (26.1), luego la salud (17.5%), los gremios (15.1%), los servicios sociales (14.6%) y el desarrollo (13.1%).

La importancia del trabajo voluntario en todos los grupos de actividades de las entidades sin ánimo de lucro.

Las fuentes de ingresos del Sector Social provienen de:

a. Recursos del gobierno vía contratos, transferencias, subsidios, o pagos indirectos.
b. Donaciones privadas individuales, empresariales o de fundaciones.
c. Ingresos privados derivados del pago realizado por beneficiarios de los servicios, pago de cuotas en organizaciones de membresía, por venta de productos o por ingresos derivados de inversiones.

En Colombia predominan los ingresos privados mientras que los recursos gubernamentales tienen una baja participación. Se destaca la importancia de la filantropía individual y empresarial en los campos del desarrollo y medio ambiente.

El estudio citado señala la tendencia del Tercer Sector en el fortalecimiento de la Sociedad Civil y de la institucionalidad pública en Colombia:

“(...) Lo que si parece ser nuevo como fenómeno social, es el creciente número de organizaciones y la pluralidad de las mismas que actúan hoy en día en el espacio público, así como el grado de autonomía, en relación con el Estado y el sistema político, adquirida por alguna de estas. El grado de conformación horizontal de las organizaciones civiles y la ampliación de su cooperación para el desarrollo de proyectos y agendas comunes, parece ser otro elemento nuevo en el panorama reciente. Igualmente novedosa, es la importancia que las organizaciones han adquirido en las estrategias de desarrollo, así como el discurso y en los programas de agencias nacionales e internacionales. Esto se ha traducido en esquemas de alianzas para el diseño y gestión compartida de programas sociales entre el Estado y las entidades sin ánimo de lucro, así como en mayores niveles de contratación de entidades sin ánimo de lucro por parte del Estado para la ejecución de programas de beneficio público.”

El estudio resalta el papel de las organizaciones del Tercer Sector en la construcción de “lo público no estatal” y de la gobernabilidad democrática en todas las esferas de la vida económica, política y social del país; también se destaca la mayor autonomía y pluralismo de las organizaciones del Sector Social frente a la “tutoría” del Estado en su promoción y orientación, igualmente las organizaciones han avanzado en la conformación de redes, alianzas estratégicas, consorcios y proyectos colectivos con el fin de ganar posicionamiento ante los otros sectores. Por último se afirma como la función sociopolítica de las organizaciones del Tercer Sector ha obtenido un mayor reconocimiento:

“En un contexto de redefinición de la política y en medio de un proceso creciente de democratización y participación de las organizaciones civiles en los espacios públicos la función sociopolítica de las organizaciones del sector ha tenido más aceptación. De un sector identificado básicamente con las funciones de asistencia social, la prestación de servicios o de sus aporte puntuales al desarrollo, se ha ido pasando al reconocimiento de un sector múltiple en sus funciones, donde se combinan los servicios sociales y la acción política y donde se valora la importante labor en la movilización de intereses y perspectivas sociales, la deliberación en la arena pública, la influencia en la política pública y en los asuntos de interés colectivo.

Otros autores plantean que es necesario unificar el Sector Social en asuntos relativos a acuerdos, pactos colectivos o toma de decisiones frente a los otros sectores; se afirma que se precisa de “una visión compartida, fines concertados y acciones integradas”, lo cual puede lograrse mediante las siguientes estrategias:

- “Consolidación de redes de apoyo, alianzas estratégicas y convenios interinstitucionales que maximicen los esfuerzos del Sector Social.

- Mantener la claridad y transparencia en el quehacer del Sector Social como principios generadores de confianza y credibilidad.

- Buscar mayores impactos en las áreas de intervención social.

- Establecer intereses colectivos y responsabilidad social frente al desarrollo social, por encima de criterios individualistas, institucionales o sectoriales.

- Diseñar planes estratégicos y prospectivos que permitan superar la visión cortoplacista y las acciones coyunturales como producto de los problemas del presente”

LA SOCIEDAD CIVIL, EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

En los últimos años la Economía del Desarrollo y las organizaciones internacionales de cooperación y financiamiento vienen propiciando la discusión acerca de las diversas formas de entender el concepto de Capital. Escribe Bernardo Kliksberg al respecto:

“Según análisis del Banco Mundial hay cuatro formas básicas de capital: el natural, constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el construído, generado por el ser humano que incluye diversas formas de capital: infraestructura, bienes de capital, financiero, comercial, etc,; el capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud, y educación de su población, y el capital social, descubrimiento reciente de las ciencias del desarrollo. Algunos estudios adjudican a las dos últimas formas de capital , un porcentaje mayoritario del desarrollo de las naciones a fines del siglo XX. Indican que allí hay claves decisivas del progreso tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno, y la estabilidad democrática”.

Investigadores sociales como Robert Putman, Francis Fukuyama y John Sudarsky han estudiado el tema del capital social y contribuido a su definición:

Robert Putman:

“El capital social consiste en un conjunto de lineamientos de la organización social tales como: los sistemas, las normas y la confianza que facilitan la coordinación y la cooperación para beneficio mutuo”

Francis Fukuyama:

“El capital social es la capacidad que nace a partir del predominio de la confianza en una sociedad o en determinadas sectores de ésta. Puede estar personificado en el grupo más pequeño y básico de la sociedad, la familia, así como en el grupo más grande de todos, la nación, y en todos sus grupos intermedios. El capital social difiere de otras formas de capital humano en cuanto que, en general, es creado y transmitido mediante mecanismos culturales como la religión, la tradición o los hábitos históricos.”

John Sudarsky en su investigación: El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas, afirma que el concepto de capital social comporta cuatro elementos teóricos fundamentales para su análisis y comprensión, ello son: el desarrollo de la Sociedad Civil, la participación ciudadana, el capital cívico institucional y la confianza , este último como elemento preconceptual del orden social. Para Sudarsky : “la sociedad civil es el ámbito de mayor impacto en la generación de capital social y la posibilidad de su desarrollo a través de organizaciones voluntarias no religiosas es un camino claro para hacerlo”.

En la medida que los intereses, propósitos, metas y objetivos de las organizaciones de los tres sectores confluyen en el ámbito de la Sociedad Civil, ésta se fortalece por el incremento de la participación (en todas sus dimensiones), de la confianza y solidaridad y, por ende, del capital social. La Sociedad Civil, así formulada, no es una mera entidad abstracta sino que puede y debe concretarse en la realidad.

Ante los fracasos de los Estados, las agencias internacionales, el mercado y las organizaciones sociales por superar las pobrezas de los países en vías de desarrollo, el Banco Mundial, con el apoyo de la Fundación Interamericana y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve en América Latina el Programa de Alianzas para la Superación de la Pobreza; dicho programa pretende que las empresas, las organizaciones sociales y comunitarias y los organismos del gobierno trabajen entre sí con el objetivo común de superación de la pobreza. ¿Qué es una alianza público-privada?

“El programa entiende las alianzas como una relación abierta entre socios distintos, cuya fortaleza radica en los aportes diversos pero complementarios que cada uno hace para alcanzar un objetivo común acordado por todos. Los rasgos constitutivos implícitos o explícitos en esta definición son: (...) un objetivo común, socios activos, interdependencia de aportes, autonomía de los socios, y relaciones abiertas”

En Colombia el programa Alianzas entre Sector Privado, Gobierno y Organizaciones Ciudadanas para la Superación de la Pobreza se viene realizando desde 1996 con la documentación de casos exitosos para su premiación, reconocimiento y divulgación. Escribe Guillermo Carvajalino:

“Por fortuna, están ocurriendo cambios en el entorno socioeconómico y político que facilitarán el afianzamiento de las alianzas como instrumento de gestión: cada vez más se reconoce que la complejidad de nuestros problemas requiere una combinación de capacidades y fortalezas diversas y por lo tanto, una mayor participación de distintos actores. Los gobiernos buscan aliados para hacer frente a la progresiva escasez de recursos financieros y la necesidad de aligeramiento de la estructura pública. El sector privado incrementa su participación en el desarrollo social. La descentralización avanza y con ella, se amplían las oportunidades de relacionamiento y cooperación entre gobiernos, ciudadanos y empresarios locales”.

la Sociedad Civil, asumida como una relación activa entre sectores, se ve fortalecida con la concepción y práctica de alianzas como la descrita anteriormente; además contribuyen a generar e incrementar el capital social al operar en un medio basado en la confianza, el respeto a las normas y los acuerdos, a la vez que reafirma la autoestima colectiva y la eficacia en el empleo de recursos para el logro del objetivo común. La alianza implica, necesariamente, una relación abierta y democrática entre los actores donde se ejercen liderazgos y responsabilidades de acuerdo a los aportes, conocimientos, experiencia de cada uno de ellos:

“Así, las organizaciones no gubernamentales traen con frecuencia una perspectiva gerencial; los actores privados, buena administración de recursos escasos; los académicos y grupos especializados, soluciones técnicas efectivas; y las comunidades y sus pobladores, fuerza talento y saber acumulado”.

La propuesta del profesor Lester Salamon cuestiona, además, el paradigma del conflicto entre el Estado y la Sociedad Civil al considerar que si bien hay intereses y objetivos diferentes también hay espacios y propósitos comunes mediante la cooperación y la participación; cuando esto sucede, como en el caso de una alianza público-privada, el Estado entra a formar parte junto con el Sector Privado y el Sector Social de la Sociedad Civil. El Estado como integrante de la Sociedad Civil se despoja de su papel coercitivo y dominante y se convierte en un actor social que aporta conocimientos, experiencia y recursos a la consecución de un objetivo común. Sin embargo el Estado no se agota por su participación en la Sociedad Civil, el sigue siendo necesario para el cumplimiento de funciones indelegables como la administración de justicia, la defensa del territorio, el monopolio de las armas y la conciliación de intereses de sectores antagónicos. A una Sociedad Civil fuerte le correspondería un Estado fuerte con legalidad, legitimidad y gobernabilidad. No es esta la realidad colombiana. El Estado es débil, sin presencia en grandes porciones del territorio nacional; y así como hay vacío de Estado hay, también, vacío de Sociedad Civil en esos mismos territorios.

Los tres sectores en cuanto Sociedad Civil tienen la misión de trabajar por la construcción colectiva de lo público democrático. De ahí que el asunto a ocuparse no es el de marcar las diferencias o defender a ultranza los intereses sectoriales sino, por el contrario, el de propiciar la convergencia, las alianzas y el mutuo fortalecimiento con miras a conseguir una sociedad de bienestar, conformada por ciudadanos libres, autónomos, solidarios con todos sus derechos garantizados; donde haya democratización del ingreso y de la propiedad; políticas públicas para enfrentar la pobreza; programas sociales específicos para grupos sociales y regiones más afectadas por la pobreza y la exclusión social; fortalecimiento del aparato productivo en una economía mixta, sostenible y competitiva; y, adecuaciones institucionales que permitan la vigencia del Estado Social de Derecho, con participación, concertación, descentralización y desarrollo social integral.

Tarea común a los tres sectores es también la creación y distribución justa de los llamados bienes sociales:

“Las sociedades cuentan con bienes que podrían llamarse materiales, como el alimento, el vestido, la vivienda, las prestaciones sociales en tiempos de especial vulnerabilidad, pero también con bienes que cabría calificar de inmateriales o espirituales como la educación, la cultura, el cariño, la esperanza, la ilusión y la gracia divina. Son todos éstos bienes que nadie posee en exclusiva, como si alguien fuera capaz de producirlos por sí mismo, sino bienes de los que disfrutamos por recibirlos de la sociedad, incluso de la gracia divina, que se distribuye a través de la familia y la comunidad creyente. Distribuir los bienes sociales a todas las personas, porque todas son dueñas de tales bienes, es el primero y más elemental principio de la justicia. Excluir de los bienes materiales e inmateriales a muchas personas, a lagunas o a una, es palmaria injusticia .(...) De ahí que para distribuir unos y otros con justicia resulte indispensable la aportación de los tres sectores de la sociedad: del sector social, del económico y del político. Sin el concurso de todos ellos la distribución será irremediablemente injusta”.

Este principio de la corresponsabilidad en la creación y distribución justa de los bienes sociales es de suma importancia por cuanto deja sin piso el los argumentos de que a lo sectores político y empresarial no les compete asumir las consecuencias negativas y excluyentes de un modelo económico que genera acumulación y ganancias para unos pocos y pobreza para la mayoría; asignándole al Sector Social la mitigación del sufrimiento y el acceso a unas condiciones mínimas de vida para los marginados de la propiedad, el conocimiento, la riqueza y las oportunidades. El Estado pierde legitimidad al pretender renunciar a la protección de los bienes sociales básicos al Tercer Sector; la empresa pierde reconocimiento, productividad y competitividad y deja de generar capital social si solo se ocupa de generar utilidades para sus accionistas renunciando a su compromiso de responsabilidad social. Sin el concurso de los otros sectores, el Sector Social sigue tentado a continuar en la practica nociva del paternalismo y el asistencialismo impidiendo la autogestión y la autonomía de las personas, grupos y comunidades. La propuesta de trabajar por el fortalecimiento de la Sociedad Civil desde una opción de libertad, respeto, objetivo común y alianza entre sectores es la de asumir, con conciencia y pleno conocimiento, que la corresponsabilidad es el mejor camino, la estrategia mas conveniente y exitosa para garantizar el cumplimiento de una ciudadanía política, económica y social con acceso justo a los derechos y bienes sociales.

Elementos Históricos del concepto de lo público. Victoria Camps. En: Lo Público, una pregunta desde la Sociedad Civil. Memorias del V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector. Pag: 51. Bogotá , 2001.

Replanteamiento del concepto de Sociedad Civil. En: Empresa privada y responsabilidad social. Ediciones Útopica. Bogotá. 1996. P.117

El Ciudadano y la política, en: Nación, Ciudadano y Soberano. María Teresa Uribe de Hincapié. Corporación Región. Medellín. 2001. Pags: 126-141. En este texto la autora profundiza en las relaciones e implicaciones entre ambas matrices y sus consecuencias en el caso colombiano: “En Colombia, la instauración de la matriz estadocéntrica y su vigencia por algo más de media centuria no estuvo asociada como lo piensan algunos neoliberales criollos con un alto grado de dirigismo estatal, con un fuerte intervensionismo o con un gran despliegue de políticas sociales orientadas hacia el bienestar. Por el contrario, lo que en realidad operó fue una alta discrecionalidad pragmática en el manejo de la política económica. En lo que a bienestar se refiere, en nuestro medio no habría Estado para desmantelar,pues, contrario a lo que sucede en el capitalismo avanzado, el gasto social ha sido mezquino, por decir lo menos, y las políticas sociales una quimera. Las altas tasas de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas convierten en retórica la pregunta por un Estado de bienestar en Colombia.”

Ibid, pág:137

Presión política, movilización social, lobbying. Candido Grzybowfi. Ibaje. Documento.
Gerencia Social: ámbitos y perspectivas. Isabel Licha Salomón. En: Políticas Públicas y Gestión Social: Una mirada desde la Gerencia Social. Municipio de Medellín. 1997. Págs: 124 y 125

Un ejemplo claro de esta tendencia fue la intención de la administración del alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, de modificar el acuerdo 43 de 1996 sobre planeación participativa con el pretexto que la comunidad ya había participado, en su elección, con el voto programático a su programa de gobierno. Afortunadamente la movilización de las organizaciones sociales lograron que dicho proyecto fuera retirado del Concejo Municipal.
Compromiso Empresarial y Liderazgo Empresarial. Clara Inés Restrepo Vélez. Fundación Corona. Bogotá. 1994. Págs: 22 - 23

Responsabilidad social empresarial en Colombia: resultados de una investigación. Constanza Jaramillo, Juan Alejandro Jaramillo. Centro Colombiano de Filantropía. Universidad de los Andes. ANDI. Bogotá.1995. 60

La responsabilidad de los empresarios colombianos frente al desarrollo de la sociedad. Carlos Arturo Ángel. En: Empresa Privada y Responsabilidad social. Centro Colombiano de Filantropía. Bogotá. 1996. Pág 27 – 28.

En Colombia las fundaciones empresariales inician sus actividades en los años 60 del siglo XX, con la Fundación Carvajal (1961), la Fundación Corona (1963); otras fundaciones importqantes son: Fundación Social, Fundación ProAntioquia, Fundación Dividendo por Colombia, Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, Fundación Compartir, Hocol. En Colombia existen 97 fundaciones empresariales, Ver: El caso de lasFundaciones Empresariales Filantrópicas en Colombia. Resultados preliminares. Rojas, María Cristina y otros. Corporación Centro Regional de Población. 1999.

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía. Adela Cortina. Alianza Editorial. Madrid. Pág:126. 1997.

[3] Repensando lo público a traves de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social..

Centro Latinoamericano de administración para elDesarrollo, CLAD. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela.1997. 318p

Manual de participación y organización para la gestión local. Esperanza Gonzalez. Ediciones Foro por Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá. 1996. Pág:17

La Corporación Región y la Fundación PARCOMÚN fueron coautoras de la investigación: Visión panorámica de la participación ciudadana en la ciudad de Medellín 1990 – 1999. En ella se exponen las estrategias más relevantes y los temas de la movilización ciudadana de ese período en Medellín, que tuvieron alguna forma de visibilidad en los medios de comunicación o en la realidad social o política de la ciudad; así como los actores gestores y promotores de nuevas formas de participación ciudadana. Se destacan como ejes de movilización: opinión ciudadana sobre asuntos de interés público; movilización contra la violencia o por la paz; la participación ciudadana en la gestión pública; la promoción de la organización juvenil y comunitaria; y, las iniciativas de participación electoral.

Para una definición detallada de dichos conceptos, véase: Manual sobre participación y organización para la gestión local. Op.Cit. Páginas 18 y 19.

Ibid, pág:18

Ibid. Pág: 25
Ciudadanos del mun
do: hacia una teoría de la ciudadanía. Ibid. Pág: 77

Constitución Política de Colombia de 1991. Editora Lesi. Bogotá. 1992. Pág: 86
En el departamento de Antioquia la Federación Antioqueña de ONG es la organización gremial que fomenta en sus asociados en la formulación de políticas públicas y la participación en los programas de desarrollo municipales.

Ver: Alianzas para la Superación de la Pobreza. Op.Cit.

Nuevo Estudio del Sector Emergente. Resumen. Salamon Lester, Helmut Anheier y colaboradores. Fundación BBV. Center for Civil Society Studies. Baltimore. 1999.

El Tercer Sector en Colombia: Evolución, dimensión y tendencias. Rodrigo Villar. Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales. Bogotá. 2001.
Ibid. Pág: 101
Ibid. Pág: 118
Ibid. Pág. 126
Hacia una conceptualización en torno a la Gerencia Social. En: Gerencia social: Hacia un Nuevo modelo de Gestión Social. Municipio de Medellín. 1997. Págs: 68 y 69

Capital social y cultura. Claves olvidadas del desarrollo. Bernardo Kliksberg. Banco Interamericano de Desarrollo – Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. INDES. Documento. 1999. Págs: 9 y 10

Capital Social, crecimiento económico y políticas públicas. Piedad Restrepo. En: Revista , Lecturas de Economía N° 48. Universidad de Antioquia. Medellín. 1998. Pág:40.
Ibíd.. pág:4

El capital social en Colombia, la medición nacional con el Barcas. John Sudarsky. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 1998. Págs: 170 y 171.

Alianzas para la Superación de la Pobreza. Banco Mundial. Fundación Corona. Fundación Interamericana, Universidades y Centros Regionales de Investigación. Bogotá. 1998. Págs: 25 y 26.

Ibid. Prólogo.
Ibid. Pág: 27

El desarrollo Social: una mirada intersectorial. Sector ONG. Jorge Bernal. 7° Jornada de Reflexión. Octubre 11 de 2000. Federación Antioqueña de ONG.

Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de a ciudadanía. Ibid. Págs: 257 y 258